Sexualidad y perspectiva de género: sociedad, cultura y legislación

Por: Dr. Alvaro Pandiani

Hace cuatro semanas hablamos de la perspectiva de género, marco ideológico de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas de las voces que se oponen a la ley de defensa de tales derechos expresan que el énfasis en la salud sexual y reproductiva en realidad desvía la atención del tema verdaderamente escabroso, que es la despenalización del aborto. Pero si miramos más atentamente veremos que la faceta más  preocupante es que el aborto en realidad dispersa la atención de lo que está escondido en esta ley: la pretensión de imponer en nuestra sociedad una verdadera revolución en sexualidad humana, haciendo de Uruguay un estado pionero en sancionar esa nueva visión de la misma: la perspectiva de género. En el artículo 4º, inciso b del proyecto de ley dice: “Garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones; la formación adecuada de los recursos humanos de la salud tanto en aspectos técnicos y de información como en habilidades para la comunicación y trato; la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de los y las usuarias” (énfasis mío).

El artículo 1º de la ley produce las primeras reservas: (Deberes del Estado) El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de conformidad con los principios rectores y éticos que se establecen en los artículos siguientes”. Inquieta un poco eso de que el Estado “garantizará condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”; e inquieta en dos aspectos. En primer lugar, parece sugerir que las autoridades del gobierno tomarán parte activa en la vida sexual de los ciudadanos, procurando por medios y recursos oficiales que cada uno tenga todo dispuesto y pronto para gozar de su sexualidad como le parezca y según le apetezca. ¿Los impuestos de la población también se utilizarán para que las personas disfruten de su sexualidad, amparadas por una ley con cuya doctrina muchos contribuyentes estamos en franco y profundo desacuerdo? Y no estamos en desacuerdo con la doctrina de una ley más, sino que, y segundo, esta ley impone en la sociedad como norma una determinada moral en materia de sexualidad, aspecto de importancia no menor en la vida de los seres humanos. Quizás el legislador, creyendo interpretar la ética sexual predominante o universalmente aceptada en la sociedad, trasladó al texto de la ley sus propios y personales principios. El punto es que esta visión de la sexualidad choca con valores filosóficos y religiosos que sustentan una postura opuesta; es, indudablemente, una concepción parcial, por no decir sectaria, de cómo debe ser la vida sexual de hombres y mujeres. Para la conciencia cristiana, esta moral es una inmoralidad despreciable. Entonces, uno se pregunta por qué debemos tolerar que se nos obligue a aceptar esta moralidad sectaria.

Preocupa. Preocupa que la ley pretenda sancionar artículos que dicen cosas como: “(corresponde) Combatir toda forma de violencia sexual y otras presiones de carácter físico, social, económico o cultural en el ejercicio de la sexualidad” (artículo 3, inciso d). Preocupa, porque al mismo tiempo que plantea la pertinencia de conductas legítimas, por necesarias, como combatir la violencia sexual y la presión física o económica, inspira dudas si eso de “combatir presiones sociales o culturales” no alude a la enseñanza moral brindada en las instituciones religiosas, o en el seno del hogar por los padres cristianos (o judíos) que no aceptan ni aceptarán nunca como lícita la ideología de la sexualidad que sanciona esta ley. Preocupa, si esto debe interpretarse en el sentido de que el Estado uruguayo reprimirá a padres, pastores, sacerdotes o rabinos que impartan otra enseñanza sobre la sexualidad, diferente a las ideas sectarias impuestas por ley. Preocupa leer, en el artículo 5 (Objetivos específicos), inciso a: “Promover y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva”, y en el artículo 4 (Objetivos generales), inciso d: “Capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía plena”. Preocupa porque promover los derechos de niños, niñas, adolescentes… en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva, pone un gran signo de interrogación acerca de qué exactamente será lo que el Estado promoverá (iniciará, impulsará) en niños, niñas y adolescentes, en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como qué clase de ejercicio de dichos derechos sexuales y reproductivos deberán promover (principiar, arrancar, inspirar, empujar) los docentes entre sus alumnos (escolares, liceales y universitarios). ¿Qué harán los docentes con sus alumnos en el aula? ¿De qué hablarán? ¿Qué tipo de preceptos sobre sexualidad les deberán enseñar? En suma, ¿qué clase de educación sexual se impartirá a los niños, niñas y adolescentes uruguayos? Estas preguntas ya tienen su repuesta: la ideología de la perspectiva de género, con todo su bagaje de enseñanzas sobre el valor de la diversidad y la tolerancia en material sexual. La pregunta que no tiene aún respuesta es: ¿qué ocurrirá si los padres no quieren, se niegan, a que sus niños reciban semejante educación sexual? ¿Y si algunos docentes se resisten, basados en su credo y su filosofía de la vida, a impartir este tipo de enseñanzas? ¿Qué actitud deberán tomar las instituciones educativas que responden a comunidades religiosas? ¿Impartir esta educación sexual, aunque vaya en contra de sus principios morales y religiosos más arraigados?

Una de las expresiones favoritas de los propulsores de esta ley, y de quienes propugnan su tipo de filosofía de vida, es “tolerancia”. Según estas personas, en la moderna y ejemplar sociedad que desean impulsar, todo debe ser tolerado. En ese “todo” está contenida la ideología de la sexualidad ya discutida, con su aprobación de la homosexualidad, masculina y femenina, y otras formas antinaturales de placer sexual. Evidentemente, estas personas saben que el principal obstáculo para que estas ideas sean aceptadas como “normales” en nuestra sociedad radica en las creencias religiosas, fundamentalmente en los credos estructurados de la Iglesia, sea Católica Romana o Protestante.

Ahora bien, ¿qué significa tolerancia? “Respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás” (Salvat Editores, 1992). Excelente definición, que viene muy bien; también dice el diccionario que la tolerancia es “Acción y efecto de tolerar”. ¿Y qué significa tolerar? “Sufrir, llevar con paciencia. Permitir tácitamente, no impedir una cosa”. Entonces, pensemos: ¿podremos los cristianos, alguna vez, permitir tácitamente (sin decir una palabra), la inmoralidad sexual, sin faltar a nuestros principios más sagrados? ¿Podremos aceptar tácitamente (sin decir una palabra) que la homosexualidad es una orientación sexual tan válida como la que surge de la naturaleza, sin traicionar la Palabra de Dios, como ya fue expresado? ¿Debe un padre, o una madre, sufrir, llevar con paciencia, permitir tácitamente, no impedir, la promiscuidad sexual en sus hijos e hijas, porque la cultura primero, luego la sociedad, y por último la ley se lo impuso como “opciones legítimas”? ¿Y qué decir de las instituciones educativas cristianas? Cuando se promulgue esta ley, ¿deberán enseñar a sus niños y adolescentes esta aberrante ideología sexual, aunque contradiga los preceptos cristianos más elementales? ¿No tienen derecho a la objeción de conciencia quienes dirigen instituciones educativas cristianas? ¿Y los docentes? ¿Y los padres que envían sus hijos a colegios dónde serían enseñados en valores que consideran mejores, tampoco? ¿Es esto tolerancia? El estado, tradicionalmente paternalista, ¿no ha derivado hacia el despotismo, en este caso un despotismo parlamentario, que aunque rinde culto a la “diversidad”, desoye la diversidad de opiniones de la ciudadanía, y en vez de garantizarle cabida a todas, asegura la imposición de solo una? Se nos ha acusado de hipocresía a quienes estamos contra el aborto, y contra esta concepción de la sexualidad. Que desconocemos la realidad social, dicen. Pero, ¿no desconocen, quienes propugnan esta ley, que la realidad social es sumamente heterogénea, y que amplios sectores están en contra de su ideología? Pedir tolerancia, vestirse con el manto de la tolerancia, y ser intolerantes, ¿no es también hipocresía?

Estas perversiones de la sexualidad humana siempre han acompañado a la humanidad. Los principios bíblicos en cuanto a la sexualidad son irrenunciables e inamovibles; ni la debilidad de la naturaleza humana, ni los vicios ocultos o pecados manifiestos, aún de los hombres o mujeres de iglesia, desautorizan la Palabra de Dios, ni autorizan una extensión epidémica de la relajación sexual, a cubierto de la complacencia generalizada. El postulado cristiano es la práctica y disfrute de la sexualidad en el marco de una relación de pareja heterosexual, unida en matrimonio; nosotros continuamos y continuaremos preconizando esta proposición como el paradigma que Dios ha establecido para el más completo y equilibrado goce de la sexualidad del hombre y la mujer, también hoy, en nuestra cultura posmoderna del siglo XXI.

(Extractado y adaptado del artículo Vergüenza a Dos Cámaras, publicado en esta página en noviembre de 2007).

*El Dr, Álvaro Pandiani es columnista de la programación de RTM UY en “Diálogos a Contramano que se emite los martes 21:00 a 21:30 hs.