La desobediencia debida

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Por: Dr. Álvaro Pandiani*

Hace muchos años atrás un policía me contó una anécdota peculiar. Desempeñándose como chofer de un oficial de alto rango, un día iban por la calle cuando una persona, al cruzar, bloqueó involuntariamente el paso del vehículo. Según me narró este hombre, el oficial le ordenó atropellar al civil, a lo cual él se negó. Sin embargo, la consideración del policía fue que él de ninguna manera habría atropellado al civil, pues no tenía testigos de que el oficial le hubiera dado tal orden, y en caso de desdecirse éste, él, el chofer, sería procesado. Mi reflexión en ese momento, y así se lo dije, es que aunque el oficial confirmara haber dado esa orden, él no podía matar o lastimar a alguien simplemente porque se lo ordenara un superior jerárquico. Esto sucedió hace casi treinta años, pero lo traigo a la memoria ahora como preámbulo para hablar – brevemente – de una figura jurídica muy debatida en nuestro medio hace años, que nos va a servir como introducción al tema de fondo de esta columna; me refiero a la obediencia debida.

La obediencia debida es una figura jurídica que exime de responsabilidad a quien comete actos ilegales, cuando lo hace en cumplimiento de una orden recibida por un superior jerárquico. Como dijimos, en nuestro país hemos asistido a largos debates sobre los límites de la obediencia debida, en relación a las violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas durante la guerra interna contra la subversión, que devino en la dictadura militar concluida hace treinta años, e incluso durante la dictadura; todo esto forma parte de la historia reciente del Uruguay. Éste ha sido un tema urticante, tanto en nuestro país como a nivel internacional. A propósito de este aspecto, leemos en el artículo La obediencia debida y las violaciones a los derechos humanos: “El tema resulta particularmente relevante cuando estructuras jerarquizadas del Estado, que tienen el monopolio del uso de la fuerza –es decir la policía y las fuerzas armadas–, incurren en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad personal o la libertad ambulatoria de los civiles, pues tratándose de agentes del poder público que actúan prevalidos de su condición y que de hecho ocupan una posición de garantes de tales bienes, sus acciones podrían ser calificadas de violaciones a los derechos humanos y entonces cabría preguntarse si puede admitirse como defensa válida el argumento de obediencia debida. En el plano internacional, la respuesta ha sido categóricamente negativa”. ⁽¹⁾ La respuesta respecto a este tópico particular, tan doloroso aún para nuestra sociedad, es que la obediencia a la orden de un superior jerárquico, aún en un sistema disciplinario rígido y severo como es el castrense, no exime de responsabilidad a quién cumple la orden, cuando esta orden implica la violación de un bien jurídico esencial. Aquí, cabe preguntarse si el subalterno – quien debe cumplir la orden – no tiene que incurrir, más bien, en una desobediencia debida; es decir, en priorizar los mencionados bienes jurídicos esenciales, la vida, la integridad física, la libertad, frente al bien mucho menor que significa obedecer la orden de un superior jerárquico, preservando así la disciplina, y por lo tanto, la estabilidad de un sistema castrense. Desobedecer, aunque eso implique pagar el precio por su insubordinación. Una desobediencia debida ante una orden que atente contra un bien jurídico; por lo tanto, una orden antijurídica, o para decirlo en otros términos, una orden injusta.

Recuerdo una entrevista radial hecha en un programa evangélico que salía en una radio AM de Montevideo. De esto también hace muchos años, probablemente más de veinticinco. El entrevistado era un misionero uruguayo que desarrollaba su misión en Egipto, y circunstancialmente en Uruguay, había sido invitado al estudio para un reportaje. En un momento dado, el entrevistador le preguntó si acaso en Egipto uno podía pararse en una esquina y predicar el evangelio cristiano, como en nuestro país. Recuerdo casi literalmente la respuesta del misionero; él dijo: “eso se puede hacer si uno quiere ir a la cárcel casi enseguida”. Estamos hablando del Egipto de los años ochenta del siglo 20; no el posterior a la primavera árabe, o el de los hermanos musulmanes. El misionero luego contó cómo los cristianos desarrollaban virtualmente en la clandestinidad su tarea de evangelización de la población local. En aquel momento me dejó muy impresionado – como siempre a lo largo de mi vida cristiana – la manera en que había cristianos dispuestos a enfrentar peligros por cumplir la Gran Comisión de Jesucristo de predicar el evangelio a todas las naciones. Pero también me ha llamado a reflexión otra faceta del mismo asunto; otro aspecto, o el mismo problema desde diferente ángulo: esos hombres y mujeres valientes enfrentaban – y enfrentan – la reacción y el castigo de las autoridades de gobierno de un país, por desobedecer las leyes impuestas por los poderes del estado. En el caso de los países islámicos es sabido que intentar convertir a un musulmán al cristianismo es considerado un delito grave. También en los países comunistas – que no tiene sentido negarlo – la libertad religiosa, como tantas otras libertades, estuvieron y están cercenadas por decretos oficiales. Los cristianos de esos lugares, entonces, se enfrentan a la incómoda y peligrosa posición de desobedecer a los gobernantes.

Curiosamente la propia Biblia, en el Nuevo Testamento, manda obedecer a los gobernantes. Por ejemplo, 1 Pedro 2:13: “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien”; también en Romanos 13:1: “Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”. Es verdad que pasajes como éste estuvieron en el fundamento de la doctrina que defendía el derecho de algunas personas de gobernar por designio divino, doctrina que sirvió a los fines de reyes y dinastías durante siglos, aún cuando quien ocupara el trono, por sus hechos y acciones, fuera del todo indigno del cargo, y mucho más indigno de reclamar “derecho divino”. Sin embargo aún hoy en día, sobre todo en los últimos años, las grandes discusiones suscitadas sobre la participación del cristiano evangélico en política y los cuestionamientos a los gobiernos de turno, discusiones que siguen incluso hasta el presente aunque no es año electoral, han menudo han sido zanjadas, a falta de otro argumento, esgrimiendo que el gobernante ha sido puesto allí por Dios, y punto. Y aquí vamos entrando en tema: dado que el gobernante ha sido puesto allí por Dios, según nuestro sistema de creencias, ¿debemos obedecerlo en todo?

Es llamativo lo que expresa Pablo en 1 Timoteo 2:1, 2: “Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”. Aquí Pablo no aconseja directamente la obediencia, sino la oración intercesora por los gobernantes; pero aún así parecería decir: “cumplamos la ley, y oremos por los que gobiernan, para que las autoridades nos dejen en paz y así podamos atender nuestros asuntos”. Es una posición saludable, y parece recomendable para todos los cristianos: cumplir cabalmente las leyes, para no tener problemas con el estado – la policía, la justicia, o alguna otra autoridad pública – y así poder continuar tranquilamente con nuestros asuntos; no sólo el trabajo y otras cuestiones personales, sino también con las actividades de la iglesia, haciendo la obra de Dios y predicando el evangelio a las gentes. Sin embargo, y en el entendido de que la doctrina cristiana afirma que Dios es quién pone a los gobernantes en sus cargos – como se lee en Daniel 2:21: “Él… quita reyes y pone reyes” – nos preguntamos: ¿debemos obedecer en todo a quienes gobiernan nuestro país? Afortunadamente, esta pregunta está respondida con claridad meridiana en la propia Biblia. En uno de los primeros encontronazos que los líderes de la primitiva iglesia de Jerusalén tuvieron con las autoridades judías, para las cuales el nuevo movimiento de seguidores del nazareno crucificado era una herejía (Hechos 24:14), encontronazo que implicó una audiencia ante el Concilio – máxima autoridad civil y religiosa de Israel – los apóstoles Pedro y Juan fueron conminados bajo amenaza a no predicar a Jesucristo. Recordemos que ellos predicaban a Jesús como Mesías y Salvador, y daban fe como testigos que le habían visto resucitado de entre los muertos; y esto lo hacían en cumplimiento de lo que más tarde se conocería como la gran comisión dada por el Cristo resucitado antes de dejar este mundo para volver con el Padre: hacer discípulos en todas las naciones (Mateo 28:19), predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 16:15), predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones (Lucas 24:47). Cuando las autoridades les ordenaron terminantemente que “en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús” (Hechos 4:18), ellos respondieron: “juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios” (v. 19). En otras palabras, ellos manifestaron que hay una ley superior a las leyes humanas, y esa ley debe ser obedecida por encima de todas las demás; desobedecer la ley de Dios es antijurídico – o “injusto” – y la obediencia a una ley humana no exime de responsabilidad ante Dios. Hechos 4:19 es un pasaje clave; los apóstoles Pedro y Juan dejaron en claro a las autoridades judías que debían desobedecer sus órdenes, pues los obligaba la obediencia a una Autoridad Superior: “no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (v. 20). Más que obediencia debida, Pedro y Juan incurrieron en desobediencia debida, por mantenerse fieles a Dios.

Una reflexión de este tipo impresionaría como innecesaria hasta épocas recientes, cuando el tenor general de la legislación de los países occidentales conservaba aún la impronta de los valores del cristianismo, cuya preeminencia en la vida social y religiosa de las naciones se extendió por casi mil quinientos años. Sin embargo, no podemos engañarnos: desde el fondo de la historia del cristianismo como religión oficial de un reino o de una república, a menudo los credos y dogmas a ser creídos quedaron a discreción de las autoridades eclesiásticas del momento, y su imposición contó con el apoyo del gobierno civil. Primero fue la Roma imperial, luego los reinos cristianos durante la edad media, y más tarde los estados en que devinieron tales reinos, y las naciones que se formaron en las colonias europeas y constituyeron el “occidente cristiano”. Quien discrepara se exponía a la ira y el castigo de la autoridad eclesiástica, castigo tanto más violento cuanto más salvaje la época. Viniendo al tiempo presente y a nuestro país, no debemos pensar que una legislación interpretada como anticristiana se vincule exclusivamente con un color partidario. Recordemos que, por ejemplo, Uruguay fue pionero en la región en cuanto a ley de divorcio (por la sola voluntad de la mujer) ², y que esa ley cumplió un siglo en 2013. Sin embargo, es evidente que los últimos años nuestro Parlamento ha arreciado en leyes “pioneras”, que los cristianos entendemos han atacado los fundamentos mismos de la doctrina cristiana en cuanto a vida y familia.

Esto ha llevado a que la política, como tema pertinente de ser abordado, haya estado cada vez más presente entre los evangélicos, en los últimos diez años. Asimismo, la reacción frente a tales leyes “pioneras” – aborto, unión concubinaria, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana – ha llevado a que los evangélicos participen cada vez más a nivel público, incluyendo participación en política partidaria. Como resultado de esto, y semejante a lo que sucede en otros países latinoamericanos, algunos cristianos evangélicos han ingresado al Parlamento, llegándose a hablar – por parte de la prensa secular – de una bancada evangélica, lo cual generó más confusión que esclarecimiento respecto de cuál es el papel de los evangélicos en los cargos públicos. También, hace unos años se viene planteando el “impacto” en las diferentes áreas de influencia pública o social del país – familia, cultura, educación, medios, economía, gobierno, iglesia – por parte de la Iglesia Evangélica; esto, en principio, basado en sistemas teológicos originados hace algunas décadas en los Estados Unidos, agrupados en la Teología del Dominio, que pretende que la ley de Dios, según aparece en la Biblia, gobierne la sociedad; esto se asemeja fuertemente al objetivo del radicalismo islámico de imponer la sharia – o ley islámica – como única ley en el mundo musulmán, unido en un califato. La postura fundamentalista del Dominio, por lo tanto, evoca fundamentalismos de otra estirpe, y merecería un análisis aparte.

¿Cuáles son los límites de la desobediencia a la ley, y la insubordinación a la autoridad del estado? Como en el ejemplo bíblico, la desobediencia a la ley secular se “justifica”, es decir, se considera justa delante de Dios, cuando la ley secular viola los principios divinos y los mandamientos bíblicos – correctamente entendidos – que los cristianos apegados a la Palabra de Dios entendemos superiores. Un ejemplo de actualidad indiscutible lo ofrece la ley de matrimonio igualitario. Si una pareja de homosexuales solicitara la consagración religiosa de su boda por un ministro cristiano apegado a los valores de la Biblia en cuanto a sexualidad y familia, ¿qué ocurriría al negarse el ministro cristiano a oficiar la ceremonia? Sabemos la respuesta, y entonces preguntamos: a una demanda por discriminación, supuestamente sufrida por los homosexuales, ¿no correspondería anteponer una contrademanda por pretender violar la objeción de conciencia, y aún la libertad de conciencia, del ministro cristiano? ¿Discriminación, o libertad de conciencia y de expresión de opiniones, principios y creencias?

Por supuesto, la fidelidad a Dios que puede llevar a desobediencia al Estado puede tener consecuencias, y cada uno debe evaluar cuidadosamente cuál es el límite al cual está dispuesto a llegar, por obedecer a Dios. Aquí se aplican las palabras de Jesús en Lucas 14:28: “¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?”. En otras palabras, debemos calcular el costo de las decisiones que tomamos en nuestra vida; sobre todo, si esa decisión implica lealtad al Dios del cielo, padre de nuestro Salvador Jesucristo, y a su Palabra. Basta leer el Nuevo Testamento para ver el precio que pagaron los primitivos discípulos del Señor por su perseverancia en la fe. Tener en cuenta estas cosas ayudará a recordar, una vez más, que el evangelio de Jesucristo al que dimos nuestra adhesión, y a creer en el cual llamamos a todas las personas, no es juguete, ni la iglesia es un McDonald’s donde Dios anda repartiendo cajitas felices.

La disyuntiva está planteada. Sólo resta recordar, como estímulo para la lealtad, una de las máximas promesas de Dios para la fidelidad de sus hijos: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

1) https://prohomine.wordpress.com/2014/01/19/la-obediencia-debida-y-las-violaciones-a-los-derechos-humanos/

2) http://www.elobservador.com.uy/bbc-mundo-que-tan-liberal-es-uruguay-n235233

* Dr. Álvaro Pandiani: Columnista de la programación de RTM en el espacio “Diálogos a Contramano” que se emite los días martes, 21:00 hs. por el 610 AM. Además, es escritor, médico internista, profesor universitario y ejerce el pastorado en el Centro Evangelístico de la calle Juan Jacobo Rosseau 4171 entre Villagrán y Enrique Clay, barrio de la Unión en Montevideo.